El Terrorismo de las FARC invade el proceso de Paz!!
Negociar sin terrorismo...
Bogotá, Octubre 7 del 2001
Las acciones realizadas por las Farc el pasado fin de semana, verdaderos desafíos contra la democracia, la vida y la libertad,
produjeron una reacción inusual de la sociedad colombiana. Y deben llevar a un cambio en el proceso de paz para evitar que los
derechos humanos sigan sacrificándose en medio de una negociación atascada por el terrorismo que practica el grupo armado.
La más notable reacción ocurrió en el Congreso de la República. Afectado por el secuestro y el asesinato de sus miembros, el
Legislativo se declaró en sesión permanente y abrió sus puertas para debatir el tema más importante para Colombia: los esfuerzos
por conseguir una paz negociada y los abusos de los violentos, que impiden alcanzar ese anhelo nacional.
Por el Congreso han desfilado todos los matices políticos, sociales y económicos. No fue un paro legislativo, sino un ejercicio
pluralista realizado en el escenario natural de la democracia. Allí no hubo las transacciones partidistas, que tantas críticas le han
ocasionado, sino el ejercicio del derecho a debatir. Y el país ha podido conocer todas las posiciones acerca de los desarrollos que ha
tenido la estrategia de negociar en medio de la violencia.
Los Legisladores se sintonizaron con el interés nacional, que, ante los hechos terroristas, pide explicaciones y reclama cambios en la
política de paz. De lo ocurrido hasta ahora se puede deducir que la Nación prefiere la vía de la negociación pero no acepta que se
realice con el terrorismo apuntando a su cabeza.
En el debate se rechazaron las desviaciones de la Zona de Distensión. Pero, más que su prórroga, al país le preocupa la falta de
garantías para el resto de la patria y los abusos de las Farc. Eso ha conducido a que el terrorismo crezca, mientras asuntos
esenciales como el cese de hostilidades o las soluciones a la rebeldía, se ahogan en la retórica. De ahí que el Gobierno esté en la
disyuntiva de acabar el proceso o revitalizarlo, para lo cual deberá exigir un comportamiento radicalmente distinto a sus
interlocutores en la mesa de negociación.
Hoy los ciudadanos, el componente fundamental del Estado de Derecho, no están llamando a una guerra total. Pero exigen
resultados de paz. No quieren más asesinatos ni más terrorismo. Y reclaman que se libere a los secuestrados. Es decir, que no haya
más ingenuidades; que el Gobierno no actúe movido por la obstinación que lo ha llevado a cometer errores, todavía subsanables.
Quienes dirigen las instituciones, con el Presidente a la cabeza, deben oír a la Nación y procurar los cambios que demanda. Los
colombianos quieren negociación. Pero ese deseo, bien interpretado por el presidente Pastrana hace tres años, está en crisis porque
las Farc no cumplen con los compromisos adquiridos.
Al Primer Mandatario de los colombianos le corresponde tomar las decisiones que le dicten su buen juicio. Si cree que debe
prorrogar la Zona de Distensión sin cambios sustanciales, se estará equivocando. Si exige un cambio profundo en la actitud de las
Farc, interpretará el pedido de sus compatriotas. Pero si decide acabarla, porque la guerrilla insiste en la estrategia de terror, la
Nación reconocerá su gran esfuerzo por el diálogo, frustrado por las Farc, que asaltaron su buena fe. Y lo acompañará entonces en
el camino que decida adoptar.
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