Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia siguen tajantes esas prohibiciones, pues entre sus miembros no existen menores de edad que participen en el conflicto.

Esto es porque el Estado Colombiano se ha comprometido con la Convención Internacional de Derechos Humanos, con los protocolos adicionales I y II de los acuerdos de Ginebra de 1949 y con las resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas.

El reclutamiento de menores de edad por los grupos narco-terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC y Ejército de Liberación Nacional - ELN , es una seria violación de los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario porque:

1. Acaban la unidad familiar contra el deseo del menor y de sus padres.
2. Restringen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión del menor.
3. Interfieren de una manera arbitraria en su vida privada, en su familia y en su forma de vida.
4. En la mayoría de los casos los menores sufren abusos físicos y mentales, malos tratos y explotación.
5. Restringen sus derechos a la educación, al descanso y a la recreación propia de su edad.
6. Finalmente, los menores de edad son usados en "trabajos peligrosos", tales como ataques a la población civil, a las Fuerzas Militares y de Policía, y los convierten en informantes a pesar de su corta edad.

Las niñas reclutadas por estos grupos narco-terroristas son prostituidas y cuando quedan embarazadas deben dejar el grupo guerrillero, ir a una ciudad donde deben tener un aborto, y si la situación del grupo guerrillero no lo permite, son obligadas a abortar en medio de la selva, sin una asistencia medica básica, y exponiéndose a perder su vida.

De acuerdo con los inventarios que manejan las Fuerzas Militares, la mitad de los rebeldes y paramilitares que han desertado de la guerra interna colombiana a lo largo de este año son niños, principalmente campesinos e indígenas entre los 10 y los 17 años de edad.

La cifra coincide con investigaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones privadas, que calculan en 50 por ciento la participación de menores de edad en las filas tanto de las guerrillas izquierdistas como en las autodefensas paramilitares de derecha.

Expertos señalan que a la par de una sostenida carrera armamentista, ambas fuerzas alientan el propósito de completar cuanto antes 100,000 guerreros cada una con el fin de poder combatir con eficacia en cerca de 10 regiones geoestratégicas donde se disputan el control de corredores para realizar movimientos rápidos y constantes de tropas, drogas ilícitas y armas.

El pie de fuerza actual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se estima en cerca de 20,000 combatientes y el de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 17,000. Ambos bandos han crecido en cerca del 100 por ciento durante los últimos cuatro años.

De acuerdo con el Programa para la Atención Humanitaria al Desmovilizado, de la Presidencia de la República, en 1999 desertaron de las distintas filas rebeldes 102 combatientes y de ellos únicamente cinco fueron niños. En el 2001 depusieron las armas 327 y para entonces ya 102 eran chicos. Entre enero y octubre del 2002 los fugitivos de la insurgencia sumaron 986, de los cuales 413 son infantes.

Aunque las deserciones este año han aumentado como nunca, los reclutamientos también están creciendo.

El Ejército ha sabido de casos en que las FARC han incorporado a sus filas a niños indígenas amazónicos de Brasil y Perú a cambio de darles a las familias entre US $100 y US $200.

Hace pocos días, un jefe indígena de la región amazónica colombiana de Vaupés, limítrofe con Brasil, contactó con angustia a El Nuevo Herald para informarle que un grupo de rebeldes, presumiblemente de las FARC, había reclutado por la fuerza a 20 adolescentes que asistían a clases en una escuela selvática, y advirtieron que en dos meses más iban a recorrer los caseríos de la región en busca de más infantes para la guerra.

Los jóvenes indígenas constituyen uno de los mayores surtidores de carne de cañón para los alzados en armas debido a la marginalidad y la indefensión en que se encuentran.

De acuerdo con el Defensor del Pueblo, la supervivencia de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país, se encuentra en serio peligro por un plan de exterminio al que las tienen sometidas los paramilitares, principalmente.

Según UNICEF, la mayor parte de los niños guerrilleros y paramilitares se incorporan voluntariamente a las filas de esas organizaciones militares para eludir y tratar de superar la aguda miseria y la violencia interna en que se desenvuelven sus familias.

Estudios de ese organismo internacional han establecido que la atracción hacia el uso de las armas y na engañosa fantasía de libertad les facilitan el ingreso a las fuerzas rebeldes, de las que más tarde les resulta difícil salir porque la evasión se purga con la pena de muerte.

Además, establecen entre ellos lazos de afecto y de amor en pareja que no conocieron en el seno de sus familias, lazos que se estrechan en medio de las brutalidades de la guerra.

De acuerdo con informes de la Policía, Natalie Osorio, de 16 años, es la tercer adolescente asesinada al negarse a cumplir la orden impartida por el grupo terrorista.

Otra niña que logró escapar de la persecución de los bandoleros y que está bajo protección judicial, denunció que estaba obligada a sostener romances con miembros de la fuerza pública para ganarse su confianza, y que era amenazada de muerte si no obedecía las instrucciones de los terroristas.

En los últimos dos años murieron en Colombia 4.077 menores en forma violenta, de acuerdo con el mencionado informe, que cita datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la organización no gubernamental "Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes a la guerra", y resalta que las personas mas vulnerables en la confrontación armada son los niños y los adolescentes, en la medida en que son víctimas fatales de las minas antipersonales, de los ataques por parte de grupos armados ilegales en zonas rurales y actualmente son carne de cañón en los atentados terroristas que vive el país especialmente en las ciudades.

Según estadísticas, los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Meta y Santander son las regiones donde se registran más violaciones contra la niñéz.