COLOMBIA : EL PROCURADOR Y LOS MILITARES
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Agosto 2 de 2000

Miguel Posada Samper

AIPE - Mientras el gobierno de Colombia mantiene negociaciones con los grupos terroristas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), estos arrecian sus actos de terrorismo e incrementan la extorsión y el secuestro, que junto con el narcotráfico, son sus principales fuentes de financiación.

Ambos grupos han sufrido constantes derrotas en combate frente a las Fuerzas Militares, además de que sus actos de terrorismo, cada vez mas salvajes, les han quitado el menguado apoyo político nacional y los han desacreditado en el exterior. Pero a esto han respondido sus simpatizantes, en los organismos judicial y disciplinario, con una arremetida sin precedentes en lo que se ha denominado "Guerra Jurídica".

Hace pocos días regresó de una lánguida reunión entre el ELN, el gobierno y unos personajes que se han auto denominado "sociedad civil" en Ginebra, el Procurador, Jaime Bernal Cuellar, la máxima autoridad disciplinaria del país. Inmediatamente arremetió contra las Fuerzas Militares, acusando de "negligencia" a cuatro generales, Ardila, Uscátegui, Padilla y Cortés, en el caso de la masacre perpetrada por un grupo de Autodefensas ilegales en el pequeño pueblo de Puerto Alvira, ocurrida en mayo de 1998. En forma increíble, la acusación incluye a dos generales, Ardila y Uscátegui, que hacía cinco meses habían dejado sus cargos en la región donde ocurrieron los hechos.

Lo que muchos sospechamos es que el Procurador, el mayor promotor de las negociaciones con el ELN, está tratando de obtener una victoria para el grupo guerrillero en el campo jurídico, para compensar las penurias de este grupo en el campo de las armas y en el terreno político.

En el caso de Puerto Alvira, un pequeño poblado perdido en las selvas donde se cultiva coca bajo la protección de la guerrilla, las tropas más cercanas estaban a más de cien kilómetros de distancia. Además la información que llega de autoridades civiles, que muchas veces son impuestas por la guerrilla, es siempre sospechosa. Muchas veces los informes son una trampa para distraer la atención de las tropas o llevarlas a una emboscada. Todo eso lo sabe muy bien el Procurador. ¿Cómo se explica entonces su actitud? ¿Está ideológicamente comprometido con la subversión o busca en forma oscura algún beneficio político?

La "Guerra Jurídica" no es un fenómeno nuevo en el conflicto armado colombiano. Hay muchos casos en que los guerrilleros capturados son dejados en libertad por la Fiscalía, pero la Procuraduría, cuyo deber es castigar a los funcionarios culpables, nunca lo ha hecho. A su vez la Fiscalía no investiga a los funcionarios de la Procuraduría que destituyen sin evidencia cierta a militares y policías. Los dos organismos basan muchos de sus procesos en testimonios comprados con ofertas de rebajas de penas o con dinero, o que simplemente son ofrecidos por personas proclives a la subversión. Quien se atreva a denunciar esta situación corre el grave riesgo de ser igualmente acusado y sometido a un proceso "prefabricado". Con base en estas manipulaciones torcidas se cumple una campaña de difamación en el plano nacional e internacional contra las Fuerzas Militares de Colombia. En esta campaña participan además ciertos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y un centenar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nacionales e internacionales, cuyos funcionarios son comunistas "retirados".

Con todo esto se busca sacar del camino a los mejores oficiales del Ejército y desmoralizar al resto. Los acusados deben pagar de su propio bolsillo su defensa, y aunque el fallo final resulte favorable, su reputación queda manchada para siempre. El daño moral nunca es reparado.

En esta oportunidad, sin embargo, parece haberse acabado la paciencia del alto mando militar. El general Jorge Mora, Comandante del Ejército, protestó enérgicamente por las acusaciones del Procurador. Su protesta refleja el profundo resentimiento de las tropas ante tanto vejamen. Más vale que el presidente Andrés Pastrana tome cartas en el asunto. No se debe tratar así a quienes durante toda una vida han puesto en riesgo la vida por defender la democracia.

Miguel Posada Samper es Director del Centro de Análisis Sociopoliticos

Artículo de la Agencia de Prensa AIPE© para Venezuela Analítica

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